La Plataforma de Pensionistas de Badajoz ha expresado su preocupación tras la votación del pasado 27 de enero en el Congreso de los Diputados, en la que PP, Vox y Junts votaron en contra de la convalidación de un decreto ómnibus del Gobierno que incluía la revalorización de las pensiones 2026 y otras medidas sociales asociadas.
En un comunicado difundido tras la sesión, el colectivo califica la decisión como “inaceptable” y sostiene que “la revalorización de las pensiones esté al albur de las decisiones políticas”. Añaden que “garantizar el poder adquisitivo de las pensiones no puede depender de la votación anual del Congreso”, y denuncian que “las pensiones no deben ser moneda de cambio en las disputas partidistas”.
Rechazo a la incertidumbre política
Desde la Plataforma insisten en que no se trata únicamente de una subida puntual. “No se trata solo de la subida de las pensiones públicas que, aunque sean insuficientes, no tienen nada que ver con las políticas aplicadas por el PP con el apoyo de la derecha nacionalista en su tiempo de gobierno”, subrayan.
Aclaran que la preocupación del colectivo se extiende a un conjunto de medidas sociales cuya continuidad consideran fundamental, y que ahora podrían verse amenazadas. Citan como ejemplo la “prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional para personas vulnerables (afectación a miles de pensionistas)”, así como la “prohibición de cortes de suministros básicos (agua, luz y gas), miles de pensionistas afectadas”.
También señalan la “prórroga de ayudas al transporte público (bonificaciones, descuentos, etc.), miles de pensionistas y familias afectadas” como otra de las políticas que deben mantenerse. “Por todo ello exigimos garantías para que el incremento anual de las pensiones sea función del coste de la vida”, reclaman.
Demandas claras y concretas
La Plataforma enumera tres reivindicaciones prioritarias en su comunicado. En primer lugar, exigen “la revalorización automática de las pensiones y el restablecimiento de la paga de final de año (la paguilla) para compensar la posible pérdida anual del poder adquisitivo de las pensiones”.
En segundo lugar, piden “una mejora sustancial de las pensiones mínimas que, a pesar de la subida, siguen siendo miserables”. Detallan que “la pensión mínima individual queda en 936,20 euros en 14 pagas”.
Por último, reclaman “equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, para impedir la cronificación de la brecha de género y la insuficiencia de ingresos para las personas mayores que, tras toda una vida de trabajo, vemos cómo se deterioran año tras año nuestras condiciones de vida”.
Críticas al formato del decreto por parte de la oposición
PP, Vox y Junts votaron en contra del decreto ómnibus por considerar inapropiado agrupar en un solo texto medidas muy diversas, como la revalorización de las pensiones, la prohibición de desahucios o las ayudas al transporte.
Desde el Partido Popular, se argumentó que no se oponen a la subida de pensiones, pero criticaron que se incluyera en un texto “trufado” de medidas no relacionadas. Reclamaron que la revalorización se votara por separado y denunciaron que el formato mezcla asuntos distintos, lo que dificultaría un debate claro.
Vox también se sumó al rechazo, mostrando su desacuerdo tanto con la forma como con algunas de las medidas sociales incluidas en el decreto. Su postura fue crítica respecto a la orientación general del paquete de medidas.
El partido independentista Junts justificó su voto en contra por considerar inadecuado agrupar la revalorización de pensiones con otros asuntos que, a su juicio, deberían ser debatidos de forma independiente. Junts también ha vinculado su voto a otras demandas políticas propias, como la gestión de ocupaciones y la mejora de infraestructuras, condicionando su apoyo a la aprobación de iniciativas específicas.
En qué consiste el decreto ómnibus rechazado
El texto sometido a votación era un real decreto-ley de carácter “ómnibus”, es decir, un paquete que agrupaba varias medidas en un solo texto. Entre sus puntos principales figuraban:
- La revalorización de las pensiones para 2026 conforme al IPC, con aumentos en distintos tipos de prestaciones.
- Prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y de cortes de suministros básicos para personas vulnerables.
- Prórroga de ayudas al transporte público con descuentos y bonos sociales.
Al tratarse de un decreto-ley, esas medidas ya estaban en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero debían ser convalidadas por el Congreso para seguir vigentes.
