Una vecina de Montijo, testigo en El País del impacto de la derogación de la ley de memoria en Extremadura

Pepi Sánchez denuncia en El País la derogación de la Ley de Memoria en Extremadura y recuerda el trabajo forzado en las colonias penitenciarias de Montijo.
Poblado de chozos del Egido de los Charcos, Montijo 1965 (fuente: Archivo Municipal de Montijo).
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Pepi Sánchez, residente en Montijo e hija de un represaliado del franquismo, advierte en El País del retroceso que supone la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Extremadura.

Montijo, testimonio de una memoria silenciada

Pepi Sánchez, vecina de Montijo y secretaria jubilada de 73 años, ha sido una de las voces destacadas en un reportaje de Ángel Munárriz en El País que recoge el malestar de familiares de víctimas del franquismo ante la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Extremadura, sustituida en octubre por la nueva Ley de Concordia. Aprobada por PP y Vox, a propuesta de esta ùltima.

Sánchez recuerda cómo su padre, Pedro, estuvo preso y fue obligado a realizar trabajos forzados entre 1941 y 1945 en las colonias penitenciarias de Montijo, un lugar donde cerca de 1.500 republicanos participaron en las obras del Canal de Montijo. “Media vida machacado”, lamenta, en referencia al paso de su padre también por otras cárceles del franquismo, como Ocaña, Burgos y Puertollano.

A día de hoy, ese espacio sigue sin ningún tipo de señalización que recuerde lo ocurrido. “La verdad es la verdad, por mucho que quieran taparla”, subraya.

Sánchez lamenta la falta de conocimiento social sobre la represión franquista, especialmente entre los jóvenes. “Cuando la izquierda tuvo más fuerza, debió hacer más. Así no nos veríamos como ahora, con críos que dicen que con Franco se vivía mejor”, sostiene.

“El carnicero de Badajoz” y la represión en Extremadura

Extremadura fue una de las regiones más castigadas por la represión franquista tras el golpe de Estado de 1936. El general Juan Yagüe, conocido como “el carnicero de Badajoz”, fue responsable directo de matanzas como la perpetrada en la capital pacense. Según el historiador Ángel Olmedo, cuyos testimonios también recoge el reportaje de Munárriz, en la región hubo unas 14.000 víctimas de la represión franquista.

La nueva ley, sin embargo, elimina referencias explícitas a la dictadura, a la represión de mujeres o de personas LGTBI, y evita términos como “golpe” o “represión”. Una narrativa que, según Sánchez, borra el sufrimiento de muchas familias: “Y si encima, cuando hay una ley, la derecha la deroga…”.

“Ha generado indignación, pero también intranquilidad”

El investigador Chema Álvarez, coautor con Olmedo del libro, Extremadura contra el olvido, aporta también su visión en el mismo reportaje. Desde un descampado próximo a las antiguas colonias penitenciarias de Montijo —donde se instalaban de forma precaria las chabolas de las familias de los presos—, Álvarez afirma: “Es un tema incómodo para el PP, sobre todo por las familias, en las que la norma ha generado indignación, pero también intranquilidad”.

La Ley de Concordia ha sido criticada por múltiples colectivos memorialistas por promover una equidistancia entre los bandos de la Guerra Civil y diluir el carácter represivo del régimen franquista. Para las familias, como la de Pepi Sánchez, supone un paso atrás en el reconocimiento de una verdad histórica aún pendiente de reparación.

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